COMUNICADO DE PRENSA
IX CONGRESO ESTATAL DE ANPE
El IX Congreso sindical de ANPE ha elegido a José Francisco Venzalá González nuevo presidente nacional de ANPE, junto con el nuevo secretariado estatal.
El sindicato ANPE ha celebrado los días 17 y 18 de diciembre su IX Congreso sindical estatal con el lema:” ANPE, con independencia hacia los retos del futuro” en el que se ha elegido a José Francisco Venzalá González presidente nacional de ANPE para los próximos cuatros años, sustituyendo a Nicolás Fernández Guisado que asumió esa responsabilidad en el año 2006 y que en este Congreso cierra su etapa profesional y sindical con su ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, un reconocimiento a toda su trayectoria profesional al servicio de la educación pública de España.
En el seno de este Congreso se ha elegido también al nuevo Secretariado Permanente Estatal que acompañará al nuevo presidente en esta legislatura, un equipo renovado y con experiencia que seguirá impulsando a ANPE hacia los nuevos retos del futuro, como indica su lema, para continuar siendo el referente de la educación pública y de su profesorado en todo el territorio nacional.
Desde la constitución de ANPE como organización sindical en el año 78 se han mantenido inalterables sus señas de identidad: independencia y profesionalidad, siendo referente del mundo educativo y trabajando cada día para mejorar las condiciones laborales de todo el profesorado, defendiendo la profesión docente y la enseñanza pública.
En el Congreso se han aprobado dos ponencias, que marcarán la acción sindical en estos cuatro años; la primera ha girado en torno a las leyes educativas que rigen o regirán nuestro sistema educativo; “Desarrollo de la LOMLOE y de la ley de Formación Profesional” y la segunda se ha centrado en el profesorado, del desarrollo de la normativa que afecta a las condiciones laborales de colectivo docente "Profesorado , situación profesional, desarrollo de la adicional 7ª y 11ª LOMLOE”. En estos documentos se han establecido las bases que permitan alcanzar nuestros objetivos inmediatos en estos próximos años para que ANPE siga siendo el sindicato del profesorado de la enseñanza pública, defendiendo un proyecto común en todo el territorio nacional y compatible con todas las Comunidades Autónomas.
Asimismo, se ha hecho una reflexión sobre la situación política y social actual, que incide directamente en el ámbito educativo, sin olvidar la situación sanitaria derivada de la COVID y su impacto en los centros educativos, poniendo en valor la labor que los docentes están realizando desde marzo de 2020, reconociendo y agradeciendo su trabajo.
En estos momentos complejos y difíciles de cambios políticos e incertidumbre social, ANPE se ha reafirmado en sus principios y valores y ha renovado las líneas programáticas que marcan el rumbo de nuestras principales reivindicaciones:
- Potenciar con carácter preferente (sin confrontar con otras redes) la enseñanza pública, como eje vertebrador del sistema educativo y garante de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades.
Es necesario garantizar el principio de igualdad y de cohesión social en todo el territorio nacional y solucionar las enormes diferencias y desigualdades entre comunidades autónomas fomentando la solidaridad, coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas y garantizando unas enseñanzas básicas comunes en todo el Estado.
- Asegurar para todo el alumnado el dominio del castellano como lengua común del Estado junto a las lenguas cooficiales de las respectivas comunidades autónomas.
- Fomentar y potenciar un modelo de escuela excelente en la que se obtenga el máximo rendimiento de cada alumno y se le exija un esfuerzo por lograrlo para compensar las desigualdades socioeconómicas y convertirse en verdadero ascensor social.
Siempre nos hemos opuesto a todas aquellas medidas que devalúan la cultura del mérito, del rigor y del esfuerzo en el aprendizaje. Estas propuestas lanzan un mensaje desmotivador para el alumnado y el propio profesorado y, sobre todo, perjudican a los alumnos más desfavorecidos, aquellos que no pueden compensar las deficiencias fuera del sistema.
- Abordar de una vez la situación del profesorado y su futuro profesional, para dar respuesta a los nuevos desafíos a los que se enfrenta la profesión docente mediante la promulgación de una Ley de la profesión docente, y en el ámbito de la función pública docente, mediante un Estatuto del Profesorado.
- Avanzar en la línea de la equiparación retributiva para evitar cualquier discriminación por razón exclusivamente territorial, y lograr, en un futuro cercano, que todos los diferentes Cuerpos docentes puedan pertenecer al mismo Grupo A1 retributivo.
- Mantener e incluso aumentar los refuerzos para reducir las ratios, no sólo para cumplir con las medidas higiénico-sanitarias y permitir y asegurar la educación presencial en todas las etapas, sino también para compensar los déficits de aprendizaje del alumnado que ha ocasionado el covid y apostar por una educación más individualizada.
- Elaborar un verdadero Plan Nacional de Mejora de la Convivencia Escolar que permita, con la necesaria colaboración de las Comunidades Autónomas, un impulso a la convivencia en los centros educativos y contemple, entre otras medidas, el desarrollo reglamentario de la autoridad del profesorado, un programa y herramientas de prevención de acoso escolar que incluya los protocolos de protección a las víctimas, un plan específico de formación del profesorado y la potenciación del Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar.
- Alcanzar un acuerdo de financiación que permita garantizar las reformas y cambios necesarios en igualdad de condiciones en todo el Estado.
- Resolver las incertidumbres recientes generadas en el colectivo docente:
- Llevar a cabo de manera urgente las actuaciones que se traduzcan en la integración inmediata de los compañeros y compañeras del cuerpo de profesores técnicos de FP en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en las condiciones previstas en la Ley.
- Aclarar y dar respuesta a la incertidumbre generada especialmente en el colectivo de interinos y futuros aspirantes a la función docente en relación con la tramitación de la futura ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Es imprescindible que estas reformas se realicen desde una perspectiva global y bajo tres premisas elementales: desde el respeto siempre a las situaciones jurídicas individualizadas del profesorado actual, contando siempre con la participación e implicación a través de los diferentes foros y ámbitos de negociación de los representantes legítimos del profesorado, y garantizando que cualquier reforma esté avalada por la certidumbre jurídica necesaria.
Somos conscientes de la complejidad y dificultad de gestionar la política educativa. Precisamente por ello, es necesario mantener en todo momento y en cualquier circunstancia la predisposición al diálogo y al consenso y contar con la experiencia, la participación y la implicación de los profesionales de la educación.
ANPE se sigue impulsando con ilusión hacia el futuro desde el compromiso irrenunciable con la enseñanza pública y su profesorado.
ANPE, sindicato Independiente de la enseñanza pública, 18 de diciembre de 2021
